Colombia podría ahorrar US$40.000 millones en importaciones de combustibles al acelerar la adopción de vehículos eléctricos

 

Santa Marta, abril de 2026 – La continua dependencia de Colombia de los vehículos con motor de combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés) está generando pasivos económicos a largo plazo y aumentando la exposición a combustibles refinados importados, según un nuevo informe de Carbon Tracker. El transporte representó el 75% del consumo de petróleo en Colombia en 2023, con más del 25% proveniente de importaciones. Bajo un escenario de continuidad de las tendencias actuales, Colombia podría gastar hasta US$226.000 millones en importaciones de combustibles para el transporte por carretera hasta 2050, lo que equivale a 1,9 veces el presupuesto nacional de 2025. Más allá de los ahorros económicos directos, acelerar la electrificación del transporte fortalecería la resiliencia macroeconómica de Colombia al reducir la exposición a los volátiles precios globales del petróleo y limitar la salida de divisas asociada a la importación de combustibles. Dado que Colombia depende de precios internacionales que no controla, sigue siendo vulnerable a choques externos que impactan directamente los costos de los hogares y la estabilidad fiscal nacional. La electrificación ofrece una vía hacia una mayor seguridad energética al trasladar la demanda del transporte hacia electricidad generada localmente, aprovechando el abundante potencial de energías renovables del país, en particular su base hidroeléctrica y la creciente capacidad solar y eólica, para reemplazar la dependencia de combustibles fósiles importados.

En contraste, una transición acelerada hacia vehículos eléctricos de batería (BEV) evitaría el uso de 600 millones de barriles equivalentes de petróleo (BOE) hasta 2050 y generaría aproximadamente US$40.000 millones en ahorros por importaciones de combustible. La electrificación también representa una oportunidad estratégica para que Colombia alinee sus políticas internas con su liderazgo internacional en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Como país anfitrión de la primera conferencia global sobre transición de combustibles fósiles, avanzar en movilidad eléctrica envía una señal contundente de que Colombia no solo promueve el cambio a nivel global, sino que también lo implementa localmente. Esta coherencia podría fortalecer la credibilidad del país ante inversionistas y posicionarlo como líder entre economías emergentes en la transición hacia un futuro bajo en carbono.

El informe sostiene que la continuidad en la venta de vehículos de combustión interna compromete a Colombia a décadas de mayor demanda de combustibles, mayores costos en salud y daños económicos relacionados con el clima. Carbon Tracker estima que cada vehículo nuevo de gasolina o diésel vendido hoy añade costos significativos a lo largo de su vida útil para el gobierno: cerca de US$6.000 por automóvil particular, US$120.000 por camión mediano, US$278.000 por camión pesado y US$350.000 por bus. El análisis también destaca la presión sobre las finanzas públicas. Carbon Tracker estima los subsidios a combustibles fósiles en alrededor de US$6.800 millones en 2025, frente a US$6.300 millones en ingresos gubernamentales por la venta de estos combustibles, lo que deja un déficit de US$500 millones. Al mismo tiempo, el informe sitúa la oportunidad de Colombia en el contexto del mercado global: la expansión manufacturera de China ha contribuido a reducir los costos de las baterías en más de un 80% desde 2013, al tiempo que mejora la disponibilidad de modelos y las cadenas de suministro. Para economías emergentes como Colombia, esto está haciendo que la movilidad eléctrica sea cada vez más accesible y asequible.

Carbon Tracker sostiene que Colombia está bien posicionada para acelerar la adopción de BEV. El informe destaca tres ventajas clave: un nivel relativamente bajo de propiedad de automóviles, un sistema eléctrico que depende principalmente (72%) de energía hidroeléctrica (limpia), y una exposición limitada a la manufactura automotriz tradicional. Además, la electricidad sigue siendo más barata que la gasolina o el diésel para el transporte por carretera, típicamente entre un 28% y un 55% menos por kilómetro, lo que significa que recorrer 100 km con electricidad puede costar menos de la mitad que con diésel, mejorando los costos operativos de los BEV frente a los vehículos de combustión para los consumidores.

Junto con los beneficios económicos, el informe encuentra que una transición acelerada hacia BEV podría reducir los costos en salud al disminuir la contaminación del aire. También estima que la reducción de emisiones del parque automotor podría evitar hasta aproximadamente US$35.000 millones (valor presente) en daños económicos relacionados con el clima hasta 2050. Ben Scott, autor del informe y jefe de demanda de energía en Carbon Tracker, afirmó: “Colombia tiene una clara oportunidad para evitar una mayor dependencia de combustibles importados para el transporte y los costos a largo plazo asociados con la venta continua de vehículos de combustión interna. El país cuenta con ventajas estructurales que respaldan la transición hacia vehículos eléctricos de batería, al tiempo que ofrece la posibilidad de reducir gradualmente los subsidios a los combustibles, aliviando la presión sobre las finanzas públicas.”

El informe insta al gobierno colombiano a desarrollar una estrategia económica e industrial integrada que posicione a los BEV como un sector clave dentro de una economía modernizada y baja en carbono. Recomienda regulaciones sólidas del lado de la oferta, reformas fiscales coordinadas y un despliegue estratégico de infraestructura de carga. En este contexto, anuncios recientes de ministerios colombianos sobre el desarrollo de un estándar de eficiencia energética vehicular representan un paso oportuno y coherente con las recomendaciones del informe.

El informe subraya la importancia de contar con un estándar robusto de eficiencia vehicular en Colombia como herramienta clave para acelerar la transición. Estándares claros y exigibles pueden evitar que el país se convierta en destino de tecnologías de combustión obsoletas e ineficientes, al tiempo que reducen la incertidumbre que desincentiva la inversión privada de largo plazo en redes de carga y renovación de flotas. En paralelo, ejemplos como el mandato ZEV del Reino Unido muestran cómo trayectorias regulatorias claras pueden brindar mayor previsibilidad a la industria e inversionistas y facilitar el despliegue de infraestructura de carga a gran escala. En última instancia, la decisión que enfrenta Colombia no es si electrificar el transporte, sino qué tan rápido puede capturar los beneficios económicos, de salud y de seguridad energética que esto implica.